La Corte Suprema de Justicia de Tucumán informó que esperará a ver cómo le va a uno de sus integrantes, Daniel Leiva, en la causa penal que inició el ex juez Enrique Pedicone, para resolver si lo sanciona administrativamente como demandan tres peticiones. Esta posición consta en la Acordada 255 emitida el 12 de marzo pasado. “En este momento nos resulta imposible tomar una decisión”, alegaron los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. 

Los compañeros de Leiva en el alto tribunal manifestaron que iban a avanzar tras el desenlace de la causa penal hoy detenida también por un recurso de per saltum en trámite en la propia Corte. “En atención en que ese expediente está controvertida la existencia de los mismos hechos denunciados en estas actuaciones administrativas, corresponde suspender el trámite y reservar las presentes actuaciones. Por lo señalado, resulta imposible a esta Corte en este momento tomar la decisión sobre el ejercicio de su potestad disciplinaria”, argumentaron Sbdar, Posse y Rodríguez Campos.

La suspensión implica que no habrá una definición autónoma ni inmediata para los pedidos de sumario y de sanciones que articularon a partir del 1 de septiembre por separado dos militantes del Pro, Nicolás Mirande y Fernando Vera del Barco; la gremialista judicial Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales, y el litigante Clímaco de la Peña (h). Todos ellos tomaron como base la denuncia penal de Pedicone, quien adujo que Leiva le había pedido que manejara las intensidades de una investigación de los supuestos abuso sexual y actos de corrupción endilgados al legislador opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

El trámite de estas denuncias acumuladas había llevado a Mirande y a Vera del Barco a pedir la destitución de Sbdar, denuncia de mal desempeño pendiente de decisión en la Legislatura. En el ámbito disciplinario del propio cuerpo que integra, Leiva había objetado la legitimidad de las partes que cuestionaban su accionar; afirmado que él sólo debía dar explicaciones en la Justicia penal y considerado que la pretensión de un castigo era “improponible”.

El caso penal quedó bloqueado en noviembre por el per saltum que dedujo Pedicone luego de que el juez Juan Francisco Pisa resolviese tramitar el proceso con el sistema cerrado y escrito jubilado el 31 de agosto, y denegarle la condición de querellante. El 17 de febrero, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó al denunciante de Leiva por seis votos contra dos. Días después, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó explicaciones al Gobierno argentino por la posible vulneración a la independencia judicial que entrañaba la expulsión del juez que había acusado al vocal de la Corte tucumana.

Canelada contra Pisa

El legislador radical José María Canelada cuestionó que Juan Francisco Pisa siga siendo juez de Instrucción en lo Penal N°1 de las causas del viejo Código Procesal Penal, pese a que el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse le aceptaron la renuncia condicionada el 24 de febrero. “Pisa no rindió cuentas por su nefasta intervención en una de las causas contra el acosador de Paola Tacacho, pero continúa fallando. ¿Cuántas víctimas más tendrán que padecer a este juez? Me pregunto en cuántos casos habrá intervenido Pisa desde que le aceptaron la renuncia y cómo. Tal vez esté devolviendo el favor al gobernador y a su entorno para cerrar causas sensibles”, opinó.